DECLARACIÓN PÚBLICA
La sociedad chilena ha sido testigo en los últimos años de las movilizaciones de los distintos actores de la educación, los cuales han instalado la crisis de esta misma como un problema central en nuestro país. El punto más álgido de este proceso fueron las masivas movilizaciones de los estudiantes secundarios quienes fueron capaces de cuestionar la estructura y el marco jurídico del modelo educacional en crisis, ante lo cual el gobierno se vio obligado a convocar a los actores sociales de la educación a debatir sobre un nuevo marco regulatorio para la educación en lo que fue el Consejo Asesor Presidencial.
Las resoluciones y el espíritu que animó la creación de este espacio fueron desechados y los actores sociales excluidos de un acuerdo que fue negociado a espaldas de estos mismos, entre cuatro paredes, por aquellos que fueron responsables del diseño y quienes administraron el modelo en crisis.
Uno de los aspectos de esta crisis se ve reflejado dramáticamente año tras año en los resultados de la PSU, los cuales demuestran las profundas desigualdades existentes en el sistema educacional chileno, en la brecha que separa a los establecimientos privados de los estudiantes de colegios municipales y subvencionados.
Quienes provienen de estos últimos establecimientos, en su mayoría tienen muy pocas opciones de quedar dentro de alguna de las Universidades del Consejo de Rectores, quedándoles como únicas alternativas, la cesantía, la precariedad laboral o a los más afortunados un endeudamiento de por vida para acceder a una educación privada la cual no les asegura calidad ni inserción laboral.
Los pocos que acceden a las Universidades del Consejo de Rectores encuentran una serie de dificultades que deben sortear para poder obtener los beneficios estatales, las principales dificultades son los puntajes de corte para obtener los créditos y becas, además de ver incrementados sus aranceles cada año, lo cual constituye una practica mercantil del consejo de rectores a la que se ven empujados producto del autofinanciamiento a que están sometidas las Universidades de nuestro país.
Por todo lo anteriormente expuesto, planteamos la necesidad de eliminar los puntajes de corte para el crédito y becas ya que castiga principalmente a los jóvenes de mas bajos recursos, junto con esto denunciamos las políticas de autofinanciamiento, las cuales empujan hacia la mercantilización de la educación superior, también creemos que debe existir mayor coherencia entre la política del Ministerio de fijar aranceles de referencia y los aranceles reales que fija el Consejo de Rectores.
Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales a construir un gran acuerdo nacional de la educación que nos permita oponernos al acuerdo concertación – derecha y establecer una ley general de educación que exprese la necesidad poner al centro de la educación el rol del Estado y el fin al lucro en el sistema educacional.
Santiago, 21 de Diciembre de 2007
